¿Y SI PARTICIPARA LA IGLESIA?

Ante el  ansia depredadora de los gobiernos, surgen dos preguntas: ¿Por qué van a arañar dinero dónde menos lo hay? Y como consecuencia de ello: ¿Qué harán cuando ya no salga más jugo?

He pensado que la patética situación política actual me permitiría husmear un poco en la historia, objetivo de este blog. ¿Qué se ha hecho históricamente en España en casos de crisis profunda como la actual?

Ya a finales del S. XVIII, bajo el reinado de Carlos III, su factótum, Godoy, empezó a expropiar algunos bienes eclesiásticos. Pocos años después, durante la Guerra de la Independencia –ya se sabe que las guerras precisan fondos -, tanto los bonapartistas como las Cortes de Cádiz legislaron en el sentido de poner a la venta propiedades del clero. Durante el S.XIX, cada corto período liberal significó un paso más hacia la desamortización. En 1836, Mendizábal expropió gran parte de los bienes de la Iglesia –que no recibió nada a cambio -, dedicando los ingresos de las subastas a reducir la deuda pública -¿os suena? -. La reacción de los antiguos propietarios de casas, campos, bosques y demás, fue la de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores. Con el retorno de los moderados, en el 1851 se firmó un concordato que calmó los ánimos.

Pero con un nuevo bienio progresista –nunca más de dos años para hacer la tarea -, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, decretó en 1855 una nueva desamortización que, más o menos intensamente, se prolongó hasta finales de siglo. En ella se declaraban en venta todas las propiedades del Estado, también las municipales y comunales, las del clero, las órdenes militares, las cofradías, los santuarios y las obras pías y de beneficencia, con contadas excepciones. En el caso de los pueblos, se ponían en venta los edificios y terrenos comunales, con la norma de que el 80% del fruto de la subasta se tenía que invertir en deuda pública al 3%, dedicando dichos réditos al bien común. Del mismo modo, el 80% de lo recaudado por la venta de bienes eclesiásticos se dedicaba a la deuda pública, y los intereses iban destinados a sufragar los gastos del culto y el clero.

¿Puede haber algún paralelismo con la situación actual? Las amortizaciones del S. XIX (en el próximo artículo hablaré del S. XX) no sirvieron para nivelar, al alza, el bienestar de toda la población, sino que enriquecieron aún más las oligarquías ya existentes, las únicas con capacidad financiera para acudir a las subastas. En eso no hemos cambiado. Pero sí en el método. En primer lugar, de la Iglesia ni se habla; ella, por su lado, consciente de su injusta posición de privilegio, anda de puntillas, sin hacer ruido (¡dónde está mi Rouco, que me lo han cambiao!)

Pero, y en los bienes comunes, podemos encontrar similitudes? En el S. XIX el paso de la propiedad pública a los bolsillos de unos elegidos se hizo por ley y con el Estado recaudando los frutos de las subastas, que como mínimo reducían la deuda pública. Hoy, la política (tanto del PP como de CiU) no pasa por hacerlo a la luz del día, sino con el paso previo de la degradación de los servicios públicos, empujando a los que pueden a optar por los privados, sin ningún beneficio para el Estado. Como si los ayuntamientos del S. XIX hubieran quemado los bosques comunales para ahuyentar a los rebaños hacia propiedades privadas, a la vez que favoreciendo un precio más módico para los compradores posteriores.