VÍNCULO O NO VÍNCULO, ESTA ES LA CUESTIÓN
Cualquier juego, cualquier relación social, implica aceptar sus reglas, lo que crea un vínculo entre los participantes. ¿Cuál es esta regla de oro en el juego de la democracia? Consultémoslo en la Constitución: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Bien. O sea que cuando un partido propone: “si me votáis haré A”, y a los ciudadanos les parece bien y le votan, ha emanado de ellos el poder para llevarlo adelante. Lo dice el reglamento. No se pueden pedir tres cartas y después coger cinco, si acaso hay que empezar una nueva partida. Como fue el caso de CiU, los cuáles, después de más de treinta años de postularse como garantes de la “gobernabilidad de España”, decidieron proponer otra partida.
En el juego democrático intervienen directamente los tres estamentos que aparecen en la encuesta actual de este blog: Partidos – candidatos –ciudadanos. ¿Tienen entre ellos alguna característica en común? Desgraciadamente veo una: Nadie se siente ineludiblemente vinculado a los compromisos que adquirió. Los partidos participan en el juego electoral con un programa que no toman como vinculante. Si no fuera así, y dados los reiterados incumplimientos de los equipos de gobierno, éstos no durarían ni tres días. Los parlamentarios, elegidos en función del programa de su partido, no atan su permanencia al cumplimiento de aquél, sino que dependen de la voluntad de los aparatos que los pusieron en las listas. ¿Y del pueblo que podemos decir? Dada la evolución reciente, más que vinculados a lo que votaron, parecen esposados por el vencedor. No puede volverse atrás; no puede exigir rectificaciones en caso de engaño o cambio de rumbo. Su vinculación al acto electoral es la garantía de la no vinculación de los otros protagonistas. ¿Por qué, si no, han de callar los votantes del PP o los de CiU, ante los no anunciados recortes?
“lo hemos hecho así porqué es la única solución posible. ¡Ah! Y gracias por su opinión. La tenemos en lo que vale”. Apaga y vámonos.
Y ahora se anuncia a bombo y platillo que se resucita en Cataluña un proyecto de LEY DE CONSULTAS POPULARES. ¡Por fin el elegido se interesa por el elector! ¡Aleluya! Pero no, no nos precipitemos: esta ley, de larga trayectoria, que ha padecido retrasos intencionados por parte de nuestros políticos e impugnaciones por parte del gobierno central, dice bien claro en su artículo VI: “Las consultas hechas a la ciudadanía para conocer su opinión sobre una determinada actuación o política pública, NO TIENEN CARÁCTER VINCULANTE”. O sea, que con una táctica plenamente lampedusiana, se intenta retocar pequeños detalles para que nada cambie en profundidad. ¿Qué el gobierno ha traicionado el programa electoral con el que alcanzó el poder? Pues si está muy presionado por el descontento popular, pide su opinión. ¿Y que la opinión es contraria a él? Pues mire… “ahora no toca”, o el más moderno: “lo hemos hecho así porqué es la única solución posible. ¡Ah! Y gracias por su opinión. La tenemos en lo que vale”. Apaga y vámonos.
No existe, ni se quiere que exista por parte de los elegidos, un vínculo con el elector. Se mareará la perdiz con la cantidad de firmas necesarias, con la edad de los participantes, se lamentarán impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, como si esta tímida ley fuera un arma de destrucción masiva de la Constitución. Pero de respetar la voluntad (que no la opinión) de la ciudadanía, nada de nada. La soñada regeneración democrática sólo llegará cuando, durante todo el mandato, el ejecutivo y el legislativo rindan cuentas a los que les han puesto dónde están, y estén obligados a seguir la voluntad expresada por sus electores, consultándoles en caso de incumplimiento de los planteamientos electorales y actuando obligatoriamente en consecuencia. Entonces sí que una consulta popular tendría sentido y dignidad.
¿Cómo se ha hecho hasta ahora? ¿Cómo ha podido el ciudadano revelarse contra los incumplimientos programáticos y las triquiñuelas legislativas?, ¿contra una política que no votó? Con manifestaciones, huelgas, firmas, ocupaciones… Un coste para el país, un agotamiento por desengaño del votante, un nuevo recorte en la confianza del pueblo en la democracia. Un coste excesivamente elevado para preservar la inmunidad y la carta blanca de la que gozan los gestores de la cosa pública, de los “representantes del pueblo”.
NOTA: Éste es el segundo artículo de la serie iniciada con El huevo y la gallina, sobre la imprescindible regeneración democrática que la situación, y la gente, está pidiendo a gritos.
